La reciente promulgación y puesta en marcha de la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias marca uno de los hitos más relevantes en la política fiscal chilena de los últimos años. Esta reforma busca recaudar cerca del 1,5% del PIB mediante la reducción de la evasión y el combate a la informalidad.
Uno de los ejes centrales radica en la agilización del procedimiento para acceder a la información bancaria de los contribuyentes. Si bien se mantiene la intervención judicial, los plazos de respuesta se acortan significativamente y se establecen presunciones fundadas para autorizar la revisión cuando existan antecedentes de inconsistencias tributarias graves.
Asimismo, se establece la figura del denunciante anónimo remunerado para delitos tributarios graves y se endurecen las sanciones para quienes utilicen facturas falsas o faciliten esquemas de planificación tributaria agresiva que vulneren la Norma General Antielusiva.
Para las empresas, la recomendación inmediata es realizar una auditoría preventiva de sus operaciones financieras y asegurarse de que todos los flujos de ingresos en sus cuentas bancarias comerciales y personales de los socios cuenten con su debido respaldo documental y contable.